Los países que podrían desaparecer por el aumento del mar

Naciones que podrían quedar bajo el agua

Mientras la mayoría de los países discuten el cambio climático en términos de economía, agricultura o salud pública, un puñado de naciones insulares enfrenta una amenaza mucho más literal: la posibilidad concreta de que su territorio quede completamente sumergido bajo el nivel del mar en el transcurso de este siglo. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el nivel medio del mar a escala global se elevó cerca de 20 centímetros entre 1900 y 2018, y las proyecciones para fines de siglo varían entre 30 centímetros y más de un metro, dependiendo del escenario de emisiones futuras. Para países cuya altitud máxima apenas supera los pocos metros sobre el nivel del mar, esa diferencia puede ser existencial.

Tuvalu: el caso más citado internacionalmente

Tuvalu, un archipiélago del Pacífico formado por nueve atolones con una altitud máxima de apenas unos 4.5 metros sobre el nivel del mar, se ha convertido en el símbolo más reconocido de esta amenaza. Ya hacia la década de 2020, el gobierno tuvaluano comenzó a documentar inundaciones cada vez más frecuentes durante las mareas altas, además de la salinización progresiva de sus limitados acuíferos de agua dulce, lo que afecta directamente la agricultura de subsistencia.

En un gesto sin precedentes, Tuvalu firmó en 2023 un acuerdo con Australia conocido como el Tratado Falepili, que entre otras cosas contempla la posibilidad de que ciudadanos tuvaluanos puedan migrar a Australia si las condiciones climáticas hacen inhabitable su territorio, además de comprometer apoyo australiano para proyectos de recuperación de tierra. Paralelamente, el gobierno de Tuvalu ha impulsado la creación de una versión digital del país -un "gemelo digital" en el metaverso- con el objetivo simbólico de preservar su cultura, archivos y territorio virtual incluso en el escenario extremo de que la nación física deje de ser habitable.

Kiribati: comprando tierra en otro país

Kiribati, otro archipiélago del Pacífico compuesto por 33 atolones dispersos en un área oceánica enorme, enfrenta amenazas similares. En una decisión que atrajo atención mundial, el gobierno de Kiribati compró en 2014 unas 20 kilómetros cuadrados de tierra en Fiyi, a más de 2,000 kilómetros de distancia, como una posible reserva de terreno para reubicar a su población en caso de que la subida del mar torne inhabitable el archipiélago original, aunque hasta la fecha ese terreno se ha usado principalmente para agricultura y no para reasentamiento masivo.

Maldivas: el país más bajo del planeta

Las Maldivas, en el océano Índico, ostentan el récord de ser el país con la elevación promedio más baja del mundo, apenas 1.5 metros sobre el nivel del mar en promedio, con su punto más alto natural rondando escasamente los 2.4 metros. Consciente de esta vulnerabilidad extrema, el gobierno maldivo ha invertido en la construcción de Hulhumalé, una isla artificial elevada mediante relleno de arena frente a la capital, Malé, diseñada específicamente para albergar a buena parte de la población en un terreno más resistente a inundaciones futuras.

En 2009, el entonces presidente maldivo Mohamed Nasheed celebró una reunión de gabinete bajo el agua, utilizando equipos de buceo, en un gesto simbólico ampliamente difundido para llamar la atención internacional sobre la urgencia climática que enfrenta su país.

Islas Marshall y otros archipiélagos del Pacífico

Las Islas Marshall, con una altitud promedio de apenas 2 metros, enfrentan además un desafío adicional: el atolón de Bikini y otras zonas fueron utilizadas por Estados Unidos para pruebas nucleares entre 1946 y 1958, dejando contaminación radiactiva residual que complica aún más cualquier plan de adaptación o reasentamiento interno. Países como Nauru, aunque menos bajo en altitud debido a su terreno elevado en el interior, también enfrentan erosión costera severa en sus zonas habitadas, concentradas casi en su totalidad en la franja litoral.

No solo el Pacífico: Bangladés y zonas costeras densamente pobladas

Aunque los pequeños Estados insulares concentran la atención mediática por el riesgo de desaparición total, el cambio en el nivel del mar amenaza también a franjas costeras densamente pobladas de países mucho más grandes. Bangladés, con decenas de millones de personas viviendo en el delta de los ríos Ganges y Brahmaputra a apenas unos metros sobre el nivel del mar, enfrenta proyecciones que sugieren que una porción significativa de su territorio podría volverse inhabitable o requerir defensas costeras masivas hacia fines de este siglo, según estimaciones citadas por el Banco Mundial.

De manera similar, ciudades como Yakarta en Indonesia enfrentan un problema combinado de subida del mar y hundimiento del terreno por extracción excesiva de agua subterránea, lo que llevó al gobierno indonesio a decidir en 2019 trasladar su capital administrativa a una nueva ciudad en la isla de Borneo.

Las opciones sobre la mesa

Frente a esta amenaza, los países insulares del Pacífico y el océano Índico han explorado distintas estrategias. La primera es la adaptación física: construir diques, elevar terrenos mediante relleno artificial, y reforzar infraestructura costera, como ha hecho Malé en las Maldivas mediante un muro de contención que rodea buena parte de la isla capital desde los años noventa. La segunda es la migración planificada, ya sea mediante acuerdos bilaterales como el firmado entre Tuvalu y Australia, o mediante la compra anticipada de tierras en otros países, como hizo Kiribati. La tercera, más simbólica que práctica, es la preservación digital y diplomática de la identidad nacional, incluyendo esfuerzos para que estos países conserven su estatus de Estado soberano, su zona económica exclusiva marítima y sus derechos internacionales incluso en el hipotético escenario de que su territorio físico deje de ser habitable, un debate legal que Naciones Unidas ha comenzado a explorar formalmente en años recientes.

Un problema global con protagonistas diminutos

Los pequeños Estados insulares del Pacífico, pese a representar una fracción minúscula de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, se han convertido en la voz más insistente en los foros climáticos internacionales, como las conferencias anuales de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP), exigiendo compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones a las grandes economías industrializadas. Su situación ilustra de manera muy concreta una de las paradojas más difíciles del cambio climático: quienes menos contribuyeron al problema suelen ser quienes enfrentan sus consecuencias más existenciales y urgentes.

Las preguntas legales sin respuesta definitiva

Más allá de la adaptación física, el eventual hundimiento total de un país plantea interrogantes jurídicos sin precedentes claros en el derecho internacional. ¿Sigue existiendo un Estado si su territorio queda completamente sumergido? ¿Conserva su zona económica exclusiva marítima -que en el caso de naciones insulares del Pacífico suele ser cientos de veces más extensa que su territorio terrestre y contiene derechos de pesca y eventuales recursos submarinos de gran valor- si ya no hay tierra firme que la sustente legalmente? Comisiones de derecho internacional dentro de Naciones Unidas comenzaron a estudiar formalmente estas preguntas hacia la década de 2020, explorando la posibilidad de que un Estado pueda mantener su condición legal, sus fronteras marítimas y su membresía en organismos internacionales incluso si su población entera debe reubicarse en otros países, un escenario que no tiene precedente histórico directo y que obligaría a reinterpretar principios fundamentales del derecho de los Estados que se dieron por sentados durante siglos.

Litigios climáticos y responsabilidad internacional

Algunos de estos países han comenzado también a explorar la vía judicial internacional. Vanuatu, otro archipiélago del Pacífico amenazado por fenómenos climáticos extremos, lideró una iniciativa diplomática que culminó en 2023 con una solicitud formal a la Corte Internacional de Justicia para que emitiera una opinión consultiva sobre las obligaciones legales de los países frente al cambio climático y las eventuales responsabilidades de los grandes emisores históricos de gases de efecto invernadero. Este tipo de acciones reflejan un cambio de estrategia entre los pequeños Estados insulares, que han pasado de simplemente pedir ayuda financiera a buscar activamente marcos legales que reconozcan una responsabilidad diferenciada de las economías industrializadas en la crisis que amenaza su propia existencia como naciones soberanas.