Los países sin ejército

Una decisión poco común en un mundo armado

En un planeta donde el gasto militar global supera los dos billones de dólares anuales según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), resulta llamativo que más de veinte países hayan decidido, por distintas razones históricas, no mantener fuerzas armadas convencionales. Algunos lo hicieron por convicción pacifista, otros por pura practicidad económica, y otros porque, simplemente, un país vecino mucho más grande garantiza su seguridad a cambio de acuerdos específicos.

Costa Rica: el caso más emblemático de América Latina

El ejemplo más conocido en el continente americano es Costa Rica, que abolió su ejército en 1948 tras una breve guerra civil, por decisión del entonces presidente José Figueres Ferrer. La medida, consagrada luego en la Constitución de 1949, buscaba evitar que las fuerzas armadas se convirtieran en un instrumento de golpes de Estado, un fenómeno frecuente en la región durante buena parte del siglo XX.

Desde entonces, Costa Rica ha redirigido buena parte de lo que otros países destinan a gasto militar hacia educación y salud pública, factores que los organismos internacionales suelen citar para explicar por qué el país exhibe indicadores de desarrollo humano más altos que la mayoría de sus vecinos centroamericanos. El país mantiene, eso sí, fuerzas de policía y una guardia costera para tareas de seguridad interna y control fronterizo, pero no un ejército de combate convencional.

Panamá: la abolición tras la invasión estadounidense

Panamá disolvió sus fuerzas armadas en 1990, poco después de la invasión estadounidense de 1989 que derrocó al general Manuel Antonio Noriega, entonces líder de facto del país y jefe de las Fuerzas de Defensa panameñas. Tras ese episodio, el gobierno panameño decidió constitucionalmente prohibir la existencia de un ejército permanente, dejando la seguridad nacional en manos de una fuerza policial y de fronteras, un cambio que reflejó también la desconfianza hacia las fuerzas armadas como actor político tras décadas de gobiernos militares en el país.

Islandia: sin ejército pero dentro de la OTAN

Un caso particularmente curioso es el de Islandia, miembro fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desde 1949, que sin embargo nunca ha mantenido un ejército propio. Su seguridad depende de acuerdos bilaterales, principalmente con Estados Unidos, que mantuvo una base militar en el país hasta 2006, y de su pertenencia a la alianza atlántica, que en teoría garantiza asistencia militar de sus socios en caso de agresión externa. Islandia sí cuenta con una guardia costera armada, encargada de patrullar sus aguas y hacer cumplir sus leyes pesqueras, un asunto de gran importancia económica para el país.

Mónaco, Andorra, San Marino y Liechtenstein

Varios microestados europeos también prescinden de ejércitos propios, apoyándose en acuerdos de defensa con sus vecinos. Mónaco depende en la práctica de la protección francesa; Liechtenstein, que abolió su pequeño ejército en 1868 por razones puramente económicas -mantenerlo resultaba más costoso que cualquier beneficio de seguridad que aportara-, confía en su neutralidad y en acuerdos informales con Suiza y Austria; y Andorra y San Marino mantienen fuerzas simbólicas mínimas, principalmente ceremoniales, mientras dependen de facto de la protección de España, Francia e Italia respectivamente.

Naciones insulares del Pacífico y el Caribe

Numerosos microestados insulares, como Nauru, Tuvalu, Kiribati, Palaos, las Islas Salomón (que sí mantiene una fuerza policial paramilitar) y varios países caribeños como Granada, Dominica, Santa Lucía o San Vicente y las Granadinas, no mantienen ejércitos formales, apoyándose en fuerzas policiales para la seguridad interna y, en muchos casos, en acuerdos de asistencia con potencias como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia o Nueva Zelanda, que suelen intervenir en caso de necesidad, ya sea por amenazas a la seguridad o, más frecuentemente, tras desastres naturales como huracanes.

Granada: una lección histórica sobre las fuerzas armadas

Granada disolvió su ejército tras la invasión estadounidense de 1983, ordenada por el entonces presidente Ronald Reagan luego de un golpe de Estado interno que derrocó y asesinó al primer ministro Maurice Bishop. Al igual que en el caso panameño, la experiencia de un ejército nacional convertido en instrumento de inestabilidad política llevó a las autoridades a optar por prescindir de fuerzas armadas convencionales en el futuro.

¿Cómo garantizan su seguridad estos países?

Los países sin ejército recurren a estrategias combinadas. Algunos, como Costa Rica y Panamá, apuestan por la estabilidad democrática interna, la diplomacia regional y su integración a organismos como la Organización de Estados Americanos. Otros, como Islandia o los microestados europeos, dependen de alianzas militares formales o de acuerdos bilaterales con vecinos mucho más poderosos. Y los pequeños Estados insulares del Pacífico y el Caribe suelen apoyarse en antiguas potencias coloniales o en potencias regionales que mantienen intereses estratégicos o históricos en la zona.

En todos los casos, la ausencia de fuerzas armadas convencionales no implica ausencia total de capacidad de seguridad: prácticamente todos estos países mantienen policías, guardias costeras o fuerzas paramilitares dedicadas al orden interno, el control fronterizo y la respuesta ante desastres naturales.

Un modelo con ventajas y límites

Los defensores de este modelo destacan que permite redirigir recursos hacia educación, salud e infraestructura, además de reducir el riesgo de golpes de Estado militares, un fenómeno que ha marcado trágicamente la historia política de América Latina y otras regiones durante buena parte del siglo XX. Sin embargo, también implica una dependencia estructural de terceros países o alianzas para la defensa ante amenazas externas serias, algo que solo resulta viable quizás para naciones pequeñas, sin conflictos territoriales activos, o protegidas por su ubicación geográfica y sus alianzas diplomáticas.

El caso costarricense, en particular, se ha convertido en un ejemplo frecuentemente citado por analistas y organismos internacionales como evidencia de que la seguridad de un Estado no depende exclusivamente de su poder militar, sino también de su estabilidad institucional, su desarrollo económico y su capacidad de mantener relaciones diplomáticas sólidas con sus vecinos.

El "dividendo de la paz" en cifras

Los defensores de estos modelos suelen citar cifras concretas para ilustrar el llamado "dividendo de la paz". Costa Rica, por ejemplo, destina desde hace décadas una proporción de su presupuesto público a educación que supera cómodamente el promedio de la región centroamericana, un factor que organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalan como determinante para explicar por qué el país exhibe indicadores de alfabetización, esperanza de vida y desarrollo humano más favorables que naciones vecinas con gasto militar considerablemente mayor en proporción a su economía.

De manera similar, el sistema de salud pública costarricense, gestionado por la Caja Costarricense de Seguro Social desde 1941, ha sido señalado repetidamente por organismos como la Organización Mundial de la Salud como uno de los más eficientes de la región en relación con su nivel de gasto, un resultado que varios economistas atribuyen en parte a la ausencia histórica de un presupuesto de defensa que compita por esos mismos recursos fiscales.

¿Es un modelo replicable para cualquier país?

No todos los especialistas en relaciones internacionales coinciden en que este modelo pueda aplicarse indistintamente a cualquier nación. Los casos exitosos de países sin ejército comparten, casi todos, un mismo patrón: ausencia de conflictos territoriales activos con sus vecinos inmediatos, una posición geográfica relativamente protegida -ya sea por tratarse de islas remotas o por estar rodeados de países con los que mantienen relaciones estables-, y en muchos casos, el respaldo implícito o explícito de una potencia externa dispuesta a intervenir en caso de necesidad. Países que enfrentan disputas fronterizas activas, conflictos internos serios o vecinos con intenciones expansionistas declaradas difícilmente podrían prescindir de fuerzas de defensa propias sin asumir riesgos de seguridad considerablemente mayores, lo que explica por qué este modelo, pese a sus resultados positivos donde se ha aplicado, sigue siendo una excepción dentro del sistema internacional y no la norma.